Es la mayor multa de la Agencia Española de Protección de Datos, con 6 millones de euros. Un mes después de sancionar al BBVA, la AEPD multa a Caixabank con varias sanciones relacionadas con el uso indebido de los datos.
Tras sanciones como la de 600.000 euros a WhatsApp o los 1,2 millones de euros a Facebook en 2017, la Agencia de Protección de Datos ha dado un salto cuantitativo en sus sanciones. En concreto a dos de los mayores bancos de España.
Multas récord para los grandes bancos de España
En un documento de 177 páginas, la AEPD repasa y expone los motivos por los que ha decidido imponer las sanciones. En primer lugar, se resuelve que Caixabank incumplió los artículos 13 y 14 del RGPD, calificado como leve y por los que se impone una multa de dos millones de euros. Un artículo 13 del RGBP que hace mención a la «información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado».
En segundo lugar, la Agencia resuelve que Caixabank ha incumplido el artículo 6 del RGPD, calificado como muy grave, y por ello impone una multa de cuatro millones de euros. La Agencia expone que a su juicio, «no puede admitirse la actitud cooperante de CAIXABANK, que ha negado sistemáticamente los hechos, a pesar de su evidencia».
Resolución de la AEPD.
En enero de 2018, la Agencia recibió la reclamación contra Caixabank en relación a las nuevas condiciones en materia de protección de datos personales. Se cuestiona el procedimiento, donde en caso de cancelar la cesión de datos, se obligaba a dirigir un escrito a cada una de las empresas.
La multa a Caixabank está relacionada con «la obligación de aceptar las nuevas condiciones en materia de protección de datos personales, en concreto la relativa a la cesión de sus datos personales a todas las empresas del grupo«.
Fuentes de Caixabank indican a Xataka que recurrirán y presentarán recurso por la vía judicial para intentar anular la sanción impuesta por la AEPD. CaixaBank defiende que su «actuación en materia de protección de datos personales es adecuada y conforme a las exigencias de la legislación española».