Pese a los candados de seguridad y sistemas de protección de bancos e instituciones, todavía un buen número de usuarios siguen batallando contra estos delitos, la mayoría de las veces por descuido. ¿Qué hacer?. La innovación tecnológica y la pandemia de COVID-19 han provocado un incremento sustancial en el uso de medios de pago digitales, sin que por ello se haya desplazado el uso de efectivo como medio de desembolso dominante en México.
En el mercado de México hay 128 millones de usuarios de telefonía móvil y se estima que cerca del 65% de la población tiene acceso a internet móvil y poco más de la mitad de los hogares a internet fijo.
El cibercrimen es considerado por la mayoría de las naciones –México no es la excepción– como el séptimo riesgo global que podría provocar un fuerte retroceso económico, ante la fragmentación de la economía digital, la falta de acuerdos para gobernarla, la carrera por el control de la inteligencia digital y la tecnología entre las principales potencias del orbe y, particularmente, por la dispersión sin control de los datos personales.
El Global Risks Report 2020 emitido por el World Economic Forum en enero pasado, indica que los ciberataques a las cuentas de personas, empresas e instituciones, es de tal tamaño, que el valor estimado del cibercrimen asciende a 200,000 millones de dólares anuales, sólo considerando el tráfico ilegal de datos, pues por la naturaleza misma de la tecnología, la facilidad de acceso de las personas y las empresas, no hay protección cibernética que valga si una persona descuida sus datos al acceder a la red.
Al cuarto trimestre de 2019, las quejas por fraudes cibernéticos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportan un aumento de 36% respecto de 2018. El monto reclamado de los fraudes cibernéticos ascendió a 11,171 millones de pesos, de los cuales se bonificó sólo el 45% a los usuarios que reclamaron a las instituciones registradas en esa Comisión.
Según la Condusef, 86 de cada 100 fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario, y la gran mayoría de las reclamaciones se registran en compras en comercio por internet con 5.6 millones de reclamos el año pasado, y más de 200,000 quejas en banca por teléfono.
Usuarios en peligro
Hace casi una década, junto con la emisión de tarjetas con chip, la gran mayoría de los bancos e instituciones reguladas han incorporado sistemas de protección contra el robo de datos y dinero, entre las que se encuentran alertas al móvil a través de mensajes de texto, algunos ofrecen el sistema por Whatsapp y lo confirman por correo electrónico, por cada disposición de efectivo en cajero o compra en comercio físico o electrónico.
Pero de un par de años a la fecha, la digitalización de los medios de pago y su uso cada vez mayor, ha incorporado mecanismos de seguridad como las billeteras con apagadores digitales, que hacen que sólo pueda utilizarse el medio de pago si está abierta y si se permite para la compra en comercio por internet; el sistema también permite el empate de tokens (dispositivos con números aleatorios que se modifican por transacción) para realizar transferencias electrónicas, abrir las páginas de internet bancarias o financieras y, finalmente, realizar transacciones por cajeros automáticos, autorizaciones de cargo u operaciones por teléfono.
El problema es que no los usamos. El robo de identidad es uno de los problemas que con más frecuencia se presenta en nuestro país, que ocupa el octavo lugar a nivel mundial en robo de identidad, ya sea por pérdida de documentos (67%), robo de carteras y portafolios (63%), y por información robada directamente de la tarjeta bancaria (53%).
El elevado índice de fraude en comercio electrónico se debe a que la mayoría de las personas, sobre todo de entre 18 y 35 años, deja abiertos los datos de sus tarjetas con todo y número confidencial registrado en las aplicaciones de pago digital, justo donde las redes de crimen organizado, nacionales e internacionales, penetran para capturar información y con ello miles de millones de pesos en efectivo.
Según información de Condusef, al primer trimestre de este año (marzo fue el primer mes en el que se registra activa la pandemia de COVID-19 en nuestro país), las tarjetas de crédito, las disposiciones por banca digital, banca móvil, nómina y cajero automático siguen siendo las que presentan mayores reclamaciones por disposiciones o compras no reconocidas por el usuario.
En banca móvil el reclamo tuvo un incremento de 93%, seguido por disposiciones no reconocidas en cajeros automáticos con 75.5%, y cargos en tarjetas de crédito con 16.5%, lo que muestra que una buena parte de los usuarios, aunque dispongan de una billetera digital para controlar sus pagos, no están activando las cerraduras digitales, por descuido.
Si un tarjetahabiente con una billetera digital retira efectivo de un cajero, podría poner y quitar la cerradura digital sólo para la disposición en efectivo que realiza y, si ese cajero hubiera tenido un sistema de skimming o copia de datos digitales, no habría podido retirar dinero de su cuenta porque se encuentra cerrada. Con tres intentos, la cuenta se bloquea y normalmente le llaman del banco para indicar la causa del bloqueo.
Por ello la pregunta: ¿cuánto nos cuesta el descuido? Los criminales tienden redes que hacen especialmente vulnerable la información financiera de las personas. Revisar con regularidad la mensajería de nuestro banco podría ahorrarnos mucho tiempo en los procesos de recuperación del abuso de las cuentas, porque si indicamos dentro de las primeras 24 horas de un cargo no reconocido, la institución tiene la obligación de devolvernos nuestro dinero, y luego proceder a la reclamación.
